El Gobierno quiere proteger a la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural
El futuro de las películas ha arrancado oficialmente su rodaje: el Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes el anteproyecto de la nueva Ley del cine y la cultura audiovisual. La normativa reúne por primera vez a las series y al séptimo arte bajo un mismo paraguas legal, prevé ayudas también para las obras televisivas o los filmes que no vayan a estrenarse en salas y abre la puerta a establecer fondos específicos para la producción, distribución y exhibición de creaciones independientes, entre otras medidas. También se califica a la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que obtienen especial protección tanto sus instalaciones como sus contenidos.
El anuncio de hoy, eso sí, supone tan solo el primer tráiler de lo que puede suceder. Todavía queda un largo recorrido para que la reforma llegue a estrenarse. “El Ministerio de Cultura y Deporte inicia a partir de ahora una ronda de contactos con representantes del sector para presentarles la iniciativa, estudiar y enriquecer el texto. Tras este proceso, volverá al Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley”, informa una nota del departamento dirigido por el socialista Miquel Iceta.
“La ley aspira a recoger, entender y apoyar la cultura audiovisual en su conjunto, riqueza y diversidad, y no restringirse a una única de las formas de creación (la cinematográfica)”, explica un documento que acompaña al comunicado del ministerio. Y recuerda que la normativa ahora en vigor, por más que haya sido actualizada a través de modificaciones parciales, procede de 2007, cuando las televisiones no eran tan inteligentes ni tan grandes y el público acudía más al videoclub que al catálogo de una plataforma digital. De ahí que una reforma completa se antojara necesaria. Y ni siquiera suficiente: a la vez, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que intenta transponer con más de un año de retraso una directiva europea, afronta la fase de enmiendas en el Congreso. La aprobación de ambos textos puede suponer un cambio radical para el sector. Pero los tiempos, según varios representantes del sector audiovisual, pueden dilatarse hasta el principio del verano, o incluso más allá.
Ambas normativas quieren poner deberes a los nuevos protagonistas del mercado. La ley del cine prevé que las plataformas digitales estén obligadas a comunicar al ICAA (Instituto de las Artes Cinematográficas) los visionados de su catálogo, una cifra que siempre han ocultado con secretismo y que, sin embargo, las salas sí están obligadas a compartir. Por otro lado, la Ley General de la Comunicación Audiovisual impone al menos un 30% de catálogo europeo para todos los portales de streaming, y fuerza a colosos como Netflix, HBO Max o Disney + a invertir un 5% de sus ingresos generados en España en series y filmes nacionales, incluida una parte en alguna lengua cooficial del Estado.
Aunque las salas también tendrán cuotas: al menos el 20% de la programación anual deberá consistir en películas de la UE o iberoamericanas. Y, dentro de esa categoría, la ley quiere estimular la proyección de ciertos filmes, cuyas sesiones tendrán valor doble en el cálculo: documentales, animación, largos dirigidos por mujeres, con subtítulos en lenguas cooficiales del Estado, con recaudación escasa (por debajo de 200.000 euros), “o que incorporen sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad física o sensorial”, entre otras. Mantener uno de estos filmes en cartelera al menos 17 días también se contabilizará dos veces de cara a cumplir con la cuota.
“Se establecen nuevas ayudas que inciden no solo en la producción, sino en la exhibición, internacionalización, desarrollo de proyectos, digitalización de salas, apoyo a cines independientes o de núcleos rurales o conservación del patrimonio”, añade el comunicado de Cultura. “Entre otras novedades, se incorpora la necesidad de que las ayudas valoren de forma transversal en todas sus convocatorias el fomento de la igualdad de género, la sostenibilidad e impacto ambiental, la contribución a la transición digital y la incorporación de medidas de accesibilidad universal”, agrega. Esta última medida será directamente imprescindible para acceder a las subvenciones para la producción y distribución de largometrajes. Y “las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable”, insiste el comunicado.
A la vez que se añaden requisitos, se eliminan otros. Calificar por edades las películas en el ICAA no será obligatorio para su estreno en salas. “Se opta por un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido para los contenidos audiovisuales en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición”, explica el comunicado. También se aclaran y flexibilizan los requisitos para obtener la nacionalidad española de una producción audiovisual.
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